Madrid, 19 de febrero. - ORIGEN ESPAÑA celebró el pasado 19 de febrero de 2026, el décimo aniversario de su procedimiento operativo de colaboración con la Guardia Civil. Un acuerdo firmado en 2016 con el objetivo de garantizar la protección de las Indicaciones Geográficas (IIGG) frente al fraude alimentario y el uso ilícito de sus nombres reconocidos. El acto de conmemoración tuvo lugar en la sede de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y contó con la participación de representantes de las entidades firmantes y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Durante la inauguración, a cargo del jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el General de Brigada Alfonso López, y el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, este último indicó que "hace diez años, la asociación dio un paso decisivo para blindar a las figuras de calidad diferenciada del país frente al fraude. Hoy se puede afirmar con orgullo que este acuerdo ha sido una herramienta clave para fortalecer la seguridad alimentaria, proteger el prestigio de los productos con DOP e IGP y reforzar la confianza de consumidores y productores".
Desde el 2016, y con relación al fraude alimentario, se han realizado más de 26.000 inspecciones, en las que se detectaron un total 150 infracciones penales y más de 16.000 infracciones administrativas, se detuvo e investigó a más de 570 personas y se intervinieron cerca de un millón y medio de litros de producto y más de 6.700 millones de kilos. La comandante Patricia Angulo, jefa del Grupo de Delitos contra el Patrimonio fue la encargada de presentar estos datos a los asistentes durante su intervención.
Unas cifras que reafirman el compromiso de ambas entidades con la protección de la propiedad intelectual e industrial de las IIGG y la garantía de calidad para los consumidores. "Gracias a la dedicación y profesionalidad de la Guardia Civil, las DOP e IGP se sienten más protegidas, más valoradas y más fuertes ante cualquier amenaza de fraude. Hoy se celebra no solo un aniversario, sino diez años de defensa activa del patrimonio agroalimentario nacional", valoró el presidente de Origen España.
El evento conmemoró una década de trabajo conjunto a través del convenio que establece un Procedimiento Operativo de Colaboración ante actividades ilícitas en el ámbito de la producción y el tráfico de alimentos. El nuevo protocolo, que se firmará próximamente, al igual que el anterior, marca un proceso de actuación en tres pasos: denuncia ante el cuerpo policial por parte de los Consejos Reguladores -órganos encargados de la defensa y control de las Denominaciones de Origen-, actuación y diligencias por parte de la Guardia Civil y, finalmente, personificación del Consejo Regulador en el proceso judicial.
El acto acogió, también, una ponencia a cargo del secretario general del Consejo Regulador DOP Los Pedroches, Juan Luis Ortiz. En su intervención, el responsable de la entidad hizo un repaso a los 10 años de colaboración con la Guardia Civil y expuso algunos casos de éxito.
En concreto, Ortiz se refirió a dos condenas de privación de libertad. Una del año 2024, por falsificación de contraetiquetas de la DOP Los Pedroches, y otra de enero de 2026 que afecta a la DOP Jabugo, por reetiquetado de jamones y paletas a los que se incorporó el término 'Jabugo' de forma fraudulenta, ya que se trataba de productos que no estaban amparados por esta Denominación de Origen Protegida.
Sin embargo, el secretario general de la DOP Los Pedroches explicó que, en general, "todas de las Indicaciones Geográficas" se ven amenazadas por casos de falsificación, adulteración o uso indebido de sus nombres protegidos. En este sentido, el portavoz valoró que el presente convenio "ha permitido mejorar la contundencia y el rigor de las actuaciones de la Guardia Civil, así como la rapidez de las mismas cuando los Consejos Reguladores identifican algún caso en el mercado".
Además, el encuentro acogió una ponencia a cargo de la jefa del Área de Calidad Diferenciada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mónica de Santos Carretero, en la que se trató el papel de la administración pública en el abordaje de este tipo de infracciones. La representante del gabinete presentó a los asistentes las claves del nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las indicaciones geográficas del año 2024, e instó a todos los actores implicados a seguir colaborando frente al fraude.
La jornada concluyó con una mesa redonda sobre los retos a futuro que presenta la lucha contra el fraude. La vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE), Elisa Plumed, fue la encargada de moderar el coloquio, que contó con la participación del teniente Rubén Sanz, del Grupo de Delitos contra el Patrimonio, el vicepresidente tercero de Origen España y presidente del CR de las DDOOPP Quesos de Murcia, Adolfo Falagán; el subdirector general de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Javier Maté, y el socio director del despacho Berenguer y Pomares Abogados, Mario Pomares.
Entre los principales desafíos, el secretario general de la DOP Los Pedroches solicitó un mayor control del comercio electrónico. "Se trata de un mercado en plena expansión en el que, en ocasiones, los vendedores aluden a los territorios vinculados a una DOP o IGP cuando se refieren a productos que no disponen de estos sellos de calidad diferenciada, y eso supone un fraude para los consumidores".
Asimismo, destacó la importancia de que, más allá de las demandas de las IIGG, se pongan en marcha actuaciones de oficio por parte de la Guardia Civil y las administraciones públicas competentes. "Los Consejos Reguladores cuentan con recursos limitados para detectar estas actividades ilícitas en el mercado, es por eso que la colaboración de estas entidades resulta vital para actuar de manera efectiva".